Fiscalía reactiva órdenes de apremio contra Marinkovic
Decisión • Soza convocó al ex cívico, y a otros nueve líderes cruceños a declarar, para explicar su vinculación con el abatido Eduardo Rózsa.
• LA DENUNCIA • El 4 de mayo, el fiscal Soza mostró la organización y vínculos del grupo de supuestos terroristas.
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Una vez que un juez de Santa Cruz determinara que los obrados del caso Rózsa pasen a la jurisdicción de La Paz, el fiscal de Distrito, Fernando Ganam, informó ayer que se reactivarán los mandamientos de apremio ordenados contra al menos 10 personas, entre ellas el ex líder cívico Branko Marinkovic.
“Una vez resuelto el conflicto de competencias, se da luz verde para que los fiscales asignados (Marcelo Soza e Isabelino Gómez) continúen con las estrategias y la ejecución de sus citaciones, mandamientos y órdenes de comparendo”, informó.
El 3 de septiembre del 2009, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito determinó que la investigación del caso terrorismo radique en Santa Cruz, mientras que otro juzgado en La Paz se pronunció a favor de la jurisdicción paceña. Esto provocó un conflicto jurisdiccional.
Los líderes cruceños citados a declarar en La Paz, entre ellos Marinkovic y el prefecto Rubén Costas, desconocieron la jurisdicción de La Paz y se negaron a declarar por la existencia, precisamente, de un conflicto de competencias.
La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Betty Yañíquez, y su similar de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, protagonizaron el conflicto, que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia derivó la resolución a Santa Cruz y el Gobierno rechazó la decisión y anunció juicios a los ministros.
El 9 de enero, se emitió un auto de vista firmado por el juez Primero de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Roque Leaños, que ordenó el traslado de obrados a la sede de Gobierno.
Además de Marinkovic, tienen ordenes de apremio Alejandro Melgar; Hugo Achá, ex presidente de la fundación Human Rights Bolivia; Sergio Antelo, dirigente de la Nación Camba; Lorgio Balcázar; Enrique Vaca; Orlando Justiniano; Carlos Guillen; Luis Hurtado, y Leytón Cuéllar.
Ganam adelantó que los investigadores pedirán, si es necesario, la colaboración de algún órgano de inteligencia para ubicar y aprehender a los citados.
Víctor Peralta, abogado de Marinkovic, aseguró que su cliente no acatará la última decisión judicial del juzgado cruceño.
“Branko no se va a presentar en La Paz porque las autoridades no tienen competencias para ver este asunto”, anunció.
Un informe difundido por ANF daba cuenta de que Marinkovic habría huido a Sao Paulo. El otro abogado del acusado en el caso terrorismo, Juan Manuel Arias, aseguró que su defendido estaba en Santa Cruz.
El ex jefe de la brigada parlamentaria cruceña, Óscar Urenda, calificó como “aberración jurídica” la decisión del juez Leaños y recomendó acudir a organismos internacionales.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el caso no está cerrado y que se podría apelar al Tribunal Constitucional.
Defensor recurre a las máximas autoridades
La Defensoría del Pueblo solicitará al Comando de la Policía sanciones al o los torturadores de Mario Tádic, miembro del supuesto grupo liderado por el abatido Eduardo Rózsa. Pedirá a la Fiscalía General un proceso al fiscal Marcelo Soza por no haber participado del operativo del 16 de abril del 2009.
La defensora interina, Rielma Mencías, explicó que se recurrirá a estas autoridades máximas porque la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía y el fiscal Marcelo Soza no respondieron en el plazo de 10 días a la solicitud de informe sobre las denuncias de Tádic.
“Lo que corresponde es acudir ante la autoridad superior, en estos casos al Fiscal General (Mario Uribe) y al comandante general de la Policía (Víctor Escóbar)”, explicó Mencías.
El informe el Defensor del Pueblo recomienda a la Policía realizar acciones administrativas contra los policías que hicieron el operativo en el hotel Las Américas. También se exige al Ministerio Público un proceso contra el fiscal Soza por no haber participado en ese operativo.
Mencías señaló que en el caso del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, lo que hace el Defensor del Pueblo es recordar su deber de preservar los derechos y garantías constitucionales. “No tiene algo que deba hacer, en cambio la Policía y la Fiscalía sí”, señaló.
LOS INDICIOS APUNTAN A QUE BRANKO MARINKOVIC SERÍA PARTE DEL “CONSEJO SUPREMO”
Fiscal citará al hermano del prefecto Costas por caso Rózsa
La Fiscalía está tras los pasos del empresario Branko Marinkovic, implicado en el caso de terrorismo.
El fiscal Marcelo Soza anunció ayer que citará a declarar a Humberto Costas Aguilera, hermano del prefecto cruceño, Rubén Costas, para que responda a un cuestionario por su presunta vinculación con la banda terrorista encabezada por Eduardo Rózsa Flores.
El Ministerio Público emitirá la citación porque se encontraron indicios en contra de “Beto” Costas, quien figura en la libreta de Rózsa Flores, documento que le fue secuestrado en el cuarto que ocupaba en el hotel Las Américas de Santa Cruz, el 16 de abril.
Soza dijo también que existen indicios de que el Prefecto de Santa Cruz formó parte del “Consejo Supremo” de la milicia liderada por Rózsa Flores, quien fue acribillado junto con dos extranjeros en el mencionado hotel de la capital oriental.
Respecto del hermano del Prefecto cruceño, el fiscal Soza afirmó: “Estaría involucrado en este hecho y está registrado en uno de los teléfonos celulares como hermano 1”.
Las investigaciones policiales establecieron que el mercenario boliviano-croata entabló contacto con una extensa red de políticos y empresarios en Santa Cruz.
La mayoría de los acusados aseguraron que conocieron a Rózsa Flores sin saber que formaba parte de una banda armada.
Los extractos que la Fiscalía obtuvo de las empresas telefónicas Viva y Entel corresponden a Humberto Costas Aguilera, además de otros a los que hace seguimiento el Ministerio Público.
También evidenció que cinco números de teléfonos corresponden a Alejandro Melgar Pereira y a Hugo Achá.
“Toda persona sospechosa debe venir y aclarar su situación jurídica. Y se va a citar a todos aquellos que estén involucrados. Tienen que comparecer ante la justicia y esclarecer estos hechos (secesión)”, descubiertos tras la aparición de Rózsa Flores.
Marcelo Soza puntualizó que sus sospechas se basan en los indicios hallados en el lugar donde la banda fue acribillada y detenida. “Estos elementos no los he puesto yo”.
Ana María Lía, responsable de comunicación de la Prefectura cruceña, en respuesta al anunció hecho por el fiscal Soza, manifestó que “no era prudente molestar al hermano del prefecto Costas” mientras no haya una citación formal en contra de aquél. Pero la citación no tendría efecto por el conflicto de jurisdicción planteado por los distritos de La Paz y Santa Cruz, que desconoce la competencia del fiscal paceño.
Piden por Marinkovic
El Ministerio Público también emitió el último mandamiento de aprehensión en contra del ex presidente del Comité pro Santa Cruz y empresario agropecuario Branko Marinkovic, por no haberse presentado a declarar en la sede del Gobierno el 5 de septiembre. El fiscal Soza calificó la inasistencia como “un acto de desacato a la ley”. Marinkovic aseguró que no hay condiciones para un debido proceso en la ciudad de La Paz.
“Existen varios mandamientos de aprehensión contra el señor Juan Carlos Velarde, Branko Marinkovic, Luis Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Achá y otras personas”.
“Branko Marinkovic se suma a la lista de personas con mandamiento porque existen indicios de probable responsabilidad en el hecho y el delito es grave. En este caso supera los dos años de detención si se prueba su participación en el hecho”.
La Policía Nacional, que ya tiene conocimiento de la orden, debe hacer efectiva la aprehensión de Marinkovic y de otros acusados.
“Suponemos que Branko Marinkovic está en Santa Cruz y estamos esperando el informe de la Policía”.
El ex líder cívico cruceño aseguró a los medios de comunicación en Santa Cruz que es inocente y que dicho proceso forma parte de una ofensiva política del Órgano Ejecutivo.
En esta semana, el Ministerio Público también emitió órdenes de detención en contra de David Sejas y Alfredo Saucedo, quienes se encuentran refugiados en instalaciones del Comité pro Santa Cruz.
De acuerdo con el Ministerio Público, todos los citados deben prestar su declaración informativa sobre su supuesto vínculo con la célula terrorista de Eduardo Rózsa Flores, que fue desarticulado por un operativo de la Policía en abril. En dicha acción murieron por disparos de armas de fuego el mismo Rózsa, Árpád Magyarosi y Martin Dwyer.
El Ministerio Público tramita la declaración en rebeldía de los acusados que huyeron del país para anotar preventivamente sus bienes.
Un segundo informe de la UIF establecerá montos
El Ministerio Público está a la espera de un segundo informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para establecer los montos que aportaron cada uno de los sospechosos involucrados en el caso de la banda terrorista encabezada por Eduardo Rózsa Flores.
La UIF encontró indicios de que cinco personas financiaron las actividades de la milicia armada de Rózsa Flores.
El fiscal Marcelo Soza hizo la solicitud para que se investigue el movimiento bancario de 26 personas. Sólo una de ellas, Carlos Alberto Guillén, presentó su descargos.
El 11 de mayo, Soza, quien investiga el caso terrorismo, presentó el requerimiento para que la UIF confirme o descarte la existencia de financiamiento interno o externo para las actividades del grupo de Rózsa Flores. De los seis implicados en el caso, cinco se autoexiliaron como consecuencia del operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
“Aún no tenemos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras con relación a varias personas, el cual hemos solicitado. Pero tenemos un primer informe que nos da varios parámetros; sin embargo, necesitamos un segundo reporte para ofrecer, con responsabilidad, los montos de dinero que se han manejado”. El fiscal espera que la UIF establezca en su segundo informe los montos para tener un indicio más en contra de los sospechosos que han sido citados para comparecer ante su autoridad y avanzar con las investigaciones.
Caso terrorismo
El 16 de abril, un comando de la Policía atrapó a la banda encabezada por Eduardo Rózsa.
El grupo armado se había organizado para perpetrar atentados y “defender” Santa Cruz.
Los delincuentes tenían entre sus planes asesinar al presidente Evo Morales.
