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• La organización. El fiscal Marcelo Soza presentó el 4 de junio la estructura del grupo irregular. Citación. Convocarán a Declarar a Cinco Benianos Carlos Corz - La Paz Edición Digital - Viernes , Abril 16 de 2010 Una persona vinculada a la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) está relacionada con el caso terrorismo, por lo que será investigada, informó el fiscal Marcelo Soza. Añadió que en Pando existen dos personas que deben declarar por este tema.
Al cumplirse un año del operativo policial que desarticuló el grupo irregular comandado por el abatido Eduardo Rózsa, Soza informó que en esta última etapa volcarán la investigación a Beni y Pando.
“Del Beni (el involucrado) es de Fegabeni, entonces estamos tras eso (su paradero)”, reveló la autoridad, quien añadió que Josué Shriqui, aunque no confirmó si se trata del involucrado, también fue mencionado en las pesquisas.
Shriqui fue citado por Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, sindicados de proveer armas al grupo de Rózsa. Soza evitó referirse a la posibilidad de que esta persona tenga algún parentesco con el alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, quien, empero, también fue mencionado como parte de los contactos de Rózsa.
“No quiero dar mayores detalles al respecto mientras el ciudadano (de Fegabeni) no preste declaraciones”, dijo el fiscal, quien añadió que en Beni, en total, cinco personas serán investigadas, entre ellas dos que se habrían reunido con Rózsa.
Fegabeni es una de las principales instituciones del Beni, departamento caracterizado por la actividad ganadera. Cristian Sattori es el líder de los ganaderos.
El grupo irregular también extendió sus contactos a Pando, de donde se prevé citar a declarar a dos personas. Los nombres de los involucrados no fueron proporcionados por la autoridad.
Un día antes ya anunció que las investigaciones se extenderán a Beni y Pando. “Tenemos datos de que este grupo no sólo se movió en Santa Cruz, sino también en Beni. Tenemos información de que el grupo de Rózsa estaba trabajando en el Beni con el tema de la fragmentación del territorio nacional”, reveló el fiscal en una entrevista con La Razón.
El líder de la organización irregular concentró, por los datos de la investigación, su centro de operaciones en la capital oriental. No obstante, en el curso de las pesquisas, se reveló que viajó a diferentes regiones, incluso se mencionó que estuvo en Chuquisaca.
Soza informó que en un mes redactará y presentará la acusación contra los responsables de la organización terrorista. Más de 20 personas serían imputadas por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.
La cúpula político-empresarial cruceña fue relacionada con los hechos que el gobierno del presidente Evo Morales afirma tuvieron el intento de dividir Bolivia para mantener privilegios de grupos de poder. En los últimos días se acusó a la logia Los Caballeros del Oriente de financiar a Rózsa.
3 personas argumentan enfermedad y no declaran
Con el argumento coincidente de problemas de salud, tres personas citadas a declarar por el caso terrorismo, entre ellas el identificado como líder de la logia Los Caballeros del Oriente, Ronald Castedo, no acudieron a la cita del fiscal.
Castedo envió un certificado médico en el que señala que tiene una afección cardiaca que le impide trasladarse a La Paz. El fiscal Marcelo Soza informó que un médico forense valorará la salud de Castedo para tomar una decisión.
Ivette Cortez, esposa de Alfredo Asbún, acusado en Miami por tráfico de armas hacia Bolivia, también remitió un memorial en el que solicita diferir la fecha de su declaración por problemas de salud.
Un tercer citado esgrimió también problemas cardiacos para no presentarse a declarar ante el fiscal Soza.
Castedo fue identificado como líder de la logia Los Caballeros del Oriente, relacionada con el financiamiento del grupo terrorista, desarticulado el 16 de abril en Santa Cruz.
“No me gustaría que los temas de terrorismo se mezclen con temas que están siendo estigmatizados hasta el momento en el que se hace un mal uso de la palabra. La gente no sabe ni siquiera lo que significa, en castellano, la palabra logia, y de repente están lastimando a ilustres ciudadanos que sí forman parte de una logia”, respondió a PAT.
Castedo pidió declarar en Santa Cruz, porque sus problemas de salud le impiden trasladarse hasta La Paz.
• Movilización. Un grupo de mujeres protestó el 6 de abril en Santa Cruz por el apremio de algunos acusados en el caso terrorismo.
Acusación. El fiscal Marcelo Soza afirmó que el gobernador electo ayudó a su hermano, Pablo, a huir Carlos Corz - La Paz Edición Digital - Viernes , Abril 16 de 2010
Pablo Costas huyó de la Justicia ayudado por su hermano, el gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró el fiscal Marcelo Soza. Pablo es relacionado con el caso terrorismo a través de la logia Los Caballeros del Oriente y el abatido Eduardo Rózsa.
El nombre del hermano del gobernador electo está registrado en uno de los celulares del líder de la organización irregular, como “hermano 1”. La Fiscalía respalda su acusación en los extractos de llamadas telefónicas, donde está el número del acusado.
También es vinculado con la logia Los Caballeros del Oriente, acusada por Soza de financiar a Rózsa. Se confirmó que Pablo Costas tiene orden de apremio, porque no acudió a prestar declaraciones ante la Fiscalía.
“Curiosamente, una vez que sale a los medios de comunicación (su implicación en el caso), es cuando este ciudadano desaparece, ayudado por su hermano”, denunció Soza.
El martes, el gobernador electo aseguró que su hermano se encuentra en España, con una beca de estudio. Evitó dar mayores detalles sobre el particular y desafió a la Fiscalía a encarar una investigación en contra de su persona y no perseguir a su familia.
Hace un año, en la madrugada del 16 de abril, un grupo de élite de la Policía intervino el hotel Las Américas y mató a Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que se detuvo a Elöt Tóásó y Mario Tadic, quienes se encuentran en la cárcel de San Pedro.
El ex hombre de confianza de Branko Marinkovic, Juan Kudelka, informó que también vio a Pablo Costas en el grupo La Torre, que también es relacionada con el terrorismo.
Kudelka huyó del país poco después del operativo del 16 de abril y retornó tras 11 meses de su estadía en Estados Unidos. Reveló que Marinkovic le envió tres sobres con dinero al grupo La Torre y que, por lo menos uno, se le pidió entregue a Rózsa.
Soza considera que el hermano de Costas es el “principal responsable” de la organización irregular. “No sabemos dónde está, la Policía lo ha buscado en su domicilio y distintas arterias del país, pero este ciudadano parece que huyó”, insistió el fiscal, el 12 de abril.
La cúpula político-empresarial cruceña fue vinculada con este movimiento. La Fiscalía tiene un avance del 97 por ciento en la investigación y en un mes concluirá con una imputación a al menos 20 personas.
Soza aseguró que se tiene identificado a parte del grupo que contactó y contrató a Rózsa.
Los que involucran
El viejo Fue considerado el testigo clave de la Fiscalía y vinculó a los líderes cruceños con el caso, entre ellos al entonces prefecto Rubén Costas. Luego huyó y desde su exilio declaró que lo presionaron.
Kudelka Reveló que parte del dinero que envió Marinkovic a La Torre fue a Rózsa. Marco Monasterio vinculó a las logias en el caso Rózsa.
Evo exige a las FFAA castigar a los separatistas
Durante un acto de entrega de sables a nuevos generales y contralmirantes, el presidente Evo Morales demandó a las Fuerzas Armadas dar un “castigo ejemplar” a las personas que pretendan embarcarse en actos tendientes a dividir el país.
“Las Fuerzas Armadas deben ser la institución número uno para hacer respetar la unidad, defender el territorio nacional y ser también la número uno para dar un castigo ejemplar a quienes piensan dividir Bolivia”, exigió.
El Mandatario y también Capitán General de la institución armada recordó que en abril del 2009 se intentó ejecutar acciones destinadas a generar violencia y división del país. El 16 de abril de ese año, la Policía desarticuló el grupo irregular comandado por el abatido Eduardo Rózsa.
“No hubiera razón para la existencia de las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas no cumplen con el rol constitucional que es defender la unidad y la integridad del territorio nacional. Lamentablemente en los últimos días, y desde el año pasado, hemos visto que algunas personas, compatriotas y extranjeros, se dedicaban a separar Bolivia”, recordó.
Parte del artículo 244 de la Constitución refiere: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país...”.
El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, informó que el grupo irregular tenía asesoramiento de ex militares bolivianos.
La oposición ve como una debilidad la politización
El senador de oposición Bernardo Gutiérrez consideró que la politización es una de las mayores debilidades en la investigación sobre la organización irregular que operó en Santa Cruz.
“La investigación se tiene que despolitizar”, insistió en una evaluación a un año del hecho y del inicio de la investigación sobre el grupo irregular que comandó Eduardo Rózsa, que combatió en Croacia.
El propio fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, reconoció que una de las debilidades de su trabajo fue que las pesquisas fueron politizadas en función de los intereses de los sectores políticos en el país.
“Lamentablemente este tema se politizó desde un principio, a partir de las divergencias del Gobierno con Santa Cruz”, aseguró el fiscal, quien, no obstante, afirmó que existen los elementos suficientes para confirmar la operación y los nexos del grupo irregular.
Entre las fortalezas identificó el apego a la norma en los procedimientos legales e investigativos. En algunos casos declaró en reserva la declaración de varios de los implicados, entre ellos del secretario de Cámara de la Corte Electoral cruceña, Marco Monasterio.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, reveló en el Senado las declaraciones de Monasterio, que habla de un plan de magnicidio y de la vinculación de líderes cruceños con la logia Los Caballeros del Oriente, vinculada con Rózsa.
• Manifestación. Branko Marinkovic y Rubén Costas, rodeados por dirigentes en una concentración.
Recuento. A un año del operativo en el hotel Las Américas, la élite cruceña quedó seriamente afectada
La Razón - La Paz Edición Digital - Viernes , Abril 16 de 2010
Hace exactamente un año, los principales diarios del país informaron en sus ediciones sobre la indignación que provocó el atentado que un día antes sufrió la casa del cardenal Julio Terrazas, donde una bomba provocó daños materiales.
Santa Cruz apenas reaccionaba frente a lo ocurrido con el Cardenal, cuando un aparatoso operativo policial irrumpió en el hotel Las Américas y acabó con la vida de tres miembros de una presunta célula terrorista.
Fue la primera vez que los bolivianos escucharon sobre la banda de “mercenarios internacionales” que había planificado asesinar al presidente Evo Morales. Dos días después se conoció que el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores era el líder.
Hasta ese momento la llamada media luna no había descartado presentar una candidatura única para las elecciones presidenciales que se realizarían el 5 de diciembre y el entonces prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, aparecía en las encuestas como el líder con mayor respaldo para hacer frente a Evo Morales.
El nombre del líder cívico Branko Marinkovic aparecía entre los posibles candidatos a la vicepresidencia.
Ambos fueron punta de lanza en la lucha autonómica y habían comenzado a irradiar su influencia en los departamentos gobernados por los prefectos de la oposición. Transcurridos 365 días, Costas aparece implicado en el caso por pertenecer a la logia Los Caballeros del Oriente, la principal financiadora del grupo terrorista, según la investigación del fiscal Marcelo Soza.
Marinkovic, entretanto, huyó del país con rumbo desconocido, luego de que la investigación encontrara indicios de que también financió a Rózsa. Además existe un testigo, Juan Kudelka, el ex hombre de confianza del empresario cruceño.
Al igual que Marinkovic, una veintena de hombres influyentes de la oposición cruceña desaparecieron debido al caso Rózsa, entre ellos Pablo Costas, hermano de Rubén Costas; Hugo Achá, ex presidente de la ONG Human Rigths Foundation; Alejandro Melgar, ex miembro de la Cámara de Industria y Comercio; el ex líder de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas, y el dirigente universitario Róger Chiqui Martínez.
DETENIDOS. Otros se encuentran en la cárcel. Es el caso de Hugo Vásquez, ex ejecutivo de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz; Zvonko Matkovik, hijo del ex prefecto del mismo nombre; y Juan Carlos Gueder, miembro de la UJC.
Además, tienen detención domiciliaria Gary Prado, ex candidato a la Gobernación de Santa Cruz, y Marco Monasterio, secretario de Cámara de la Corte Departamental Electoral. Otro grupo de influyentes cruceños miembros de las poderosas logias Los Caballeros del Oriente y Toborochis también es investigado.
Para el analista Reymi Ferreira, este año el caso Rózsa no solamente “ha desarticulado a una parte de la oposición cruceña”, sino que además “ ha desmarañado a las logias del poder y las relaciones de la élite política cruceña con acciones ilegales”.
El ex diputado cruceño Alejandro Colanzi coincidió en que este caso fulminó a la oposición de extrema derecha, aunque en su criterio “la oposición (a nivel nacional) está derrotada desde hace años”.
Para el comentarista Carlos Valverde, Santa Cruz cambió debido a dos casos: el de terrorismo y el de la toma de instituciones del año 2008.
“Antes de septiembre del 2008, Santa Cruz era una cosa y luego de septiembre fue otra. Los desaciertos en la toma de instituciones y la derrota al tener que entregarlas se sintieron y cambiaron la fe de la gente en sus dirigentes. Por otro lado, lo del terrorismo vino a ahondar el problema; tanto es así que fue la clase dirigente cruceña la que ‘cruza’ a Germán Antelo (líder cívico) para que no sea candidato a la presidencia”, señaló.
En opinión del analista Carlos Hugo Molina, el afectado es el grupo dirigencial que tomó “acciones irresponsables” y que representa a los sectores más “conservadores” y “reaccionarios” de la sociedad cruceña.
No obstante, dijo que “la estigmatización de un grupo social por la conducta estúpida y errónea de algunos de sus dirigentes o algunos de sus integrantes no puede descalificar todo lo demás. Santa Cruz tiene mucho que aportar a Bolivia”.
El plan para matar a Evo Morales
El mismo 16 de abril del 2009, el Gobierno informó que el grupo de Rózsa planificó un “magnicidio”. Rubén Costas dijo entonces que ese era un montaje del Ejecutivo. Ahora existe un testigo.
PUNTOS DE VISTA
“A Eduardo Rózsa lo trajeron desde acá” Carlos Valverde. Periodista cruceño.
“Santa Cruz cambió. Detrás de las acusaciones de terrorismo la sociedad civil se volvió recelosa, desconfiada y, finalmente, temerosa. Es difícil para la gente ser posible sospechosa de terrorismo; esas son cosas con las que no se juega. Santa Cruz y su gente, independientemente de lo que se diga, cambiaron con el caso. No tengo dudas que a Eduardo Rózsa lo trajeron desde acá. Lo importante es saber qué tan leal fue con la gente que lo trajo o si cambió de bando. Si es así, lo que queda saber es quién lo reclutó desde el Gobierno y por qué lo mataron”.
“Quien financió a Rózsa fue la logia TAU” Alejandro Colanzi. Ex diputado nacional.
“Quienes operativizaron el tema de Rózsa, quienes financiaron la confrontación, fueron por una parte nueve familias cruceñas millonarias, y por otra, miembros de la logia TAU, logia que opera y se nutre de intereses paceños y cochabambinos. Para hacerle recuerdo, Gonzalo Sánchez de Lozada y José Luis Paredes son miembros de la logia TAU. Esta logia complotaba junto a un grupo de nueve familias millonarias de Santa Cruz para que se dé la confrontación, una de estas familias es la de Branko Marinkovic, que está por encima de las logias”.
“Caballeros del Oriente están vinculados” Reymi Ferreira. Analista político y rector de la UAGRM.
“El caso de Eduardo Rózsa no afectó a toda la institucionalidad cruceña, sino a las instituciones de Santa Cruz vinculadas con las logias. En este proceso está clara la vinculación de la logia Los Caballeros del Oriente con el grupo de Eduardo Rózsa, eso nadie lo puede negar y el que lo quiera negar está tapando el sol con un dedo. Es una vinculación muy directa comparada con varios hechos y elementos. Hay un grupo de gente que defiende a 15 personas que están fuera del país y que nunca han desmentido de lo que se los acusa”.
“Tengo dudas y preocupaciones” Carlos Hugo Molina. Analista político cruceño.
“Como cualquier ciudadano boliviano, tengo las mismas dudas y preocupaciones planteadas desde el primer momento en que se produjo el hecho y que forman parte de la reflexión que se hace de manera colectiva en Santa Cruz y en Bolivia sobre este tema. El caso de Eduardo Rózsa evidentemente sirvió para dejar al descubierto alguna práctica de algún sector de Santa Cruz, pero hay que tener cuidado y la precaución de no generalizar y no calificar a toda una sociedad civil organizada que no tiene nada que ver con este proceso”. http://www.la-razon.com/versiones/20100416_007064/nota_244_989624.htm
La Razon Seguridad Edición Digital - Miercoles , Enero 13 de 2010
Fiscalía reactiva órdenes de apremio contra Marinkovic
Decisión • Soza convocó al ex cívico, y a otros nueve líderes cruceños a declarar, para explicar su vinculación con el abatido Eduardo Rózsa.
• LA DENUNCIA • El 4 de mayo, el fiscal Soza mostró la organización y vínculos del grupo de supuestos terroristas.
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Opiniones sobre esta Nota
Una vez que un juez de Santa Cruz determinara que los obrados del caso Rózsa pasen a la jurisdicción de La Paz, el fiscal de Distrito, Fernando Ganam, informó ayer que se reactivarán los mandamientos de apremio ordenados contra al menos 10 personas, entre ellas el ex líder cívico Branko Marinkovic.
“Una vez resuelto el conflicto de competencias, se da luz verde para que los fiscales asignados (Marcelo Soza e Isabelino Gómez) continúen con las estrategias y la ejecución de sus citaciones, mandamientos y órdenes de comparendo”, informó.
El 3 de septiembre del 2009, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito determinó que la investigación del caso terrorismo radique en Santa Cruz, mientras que otro juzgado en La Paz se pronunció a favor de la jurisdicción paceña. Esto provocó un conflicto jurisdiccional.
Los líderes cruceños citados a declarar en La Paz, entre ellos Marinkovic y el prefecto Rubén Costas, desconocieron la jurisdicción de La Paz y se negaron a declarar por la existencia, precisamente, de un conflicto de competencias.
La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Betty Yañíquez, y su similar de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, protagonizaron el conflicto, que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia derivó la resolución a Santa Cruz y el Gobierno rechazó la decisión y anunció juicios a los ministros.
El 9 de enero, se emitió un auto de vista firmado por el juez Primero de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Roque Leaños, que ordenó el traslado de obrados a la sede de Gobierno.
Además de Marinkovic, tienen ordenes de apremio Alejandro Melgar; Hugo Achá, ex presidente de la fundación Human Rights Bolivia; Sergio Antelo, dirigente de la Nación Camba; Lorgio Balcázar; Enrique Vaca; Orlando Justiniano; Carlos Guillen; Luis Hurtado, y Leytón Cuéllar.
Ganam adelantó que los investigadores pedirán, si es necesario, la colaboración de algún órgano de inteligencia para ubicar y aprehender a los citados.
Víctor Peralta, abogado de Marinkovic, aseguró que su cliente no acatará la última decisión judicial del juzgado cruceño.
“Branko no se va a presentar en La Paz porque las autoridades no tienen competencias para ver este asunto”, anunció.
Un informe difundido por ANF daba cuenta de que Marinkovic habría huido a Sao Paulo. El otro abogado del acusado en el caso terrorismo, Juan Manuel Arias, aseguró que su defendido estaba en Santa Cruz.
El ex jefe de la brigada parlamentaria cruceña, Óscar Urenda, calificó como “aberración jurídica” la decisión del juez Leaños y recomendó acudir a organismos internacionales.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el caso no está cerrado y que se podría apelar al Tribunal Constitucional.
Defensor recurre a las máximas autoridades
La Defensoría del Pueblo solicitará al Comando de la Policía sanciones al o los torturadores de Mario Tádic, miembro del supuesto grupo liderado por el abatido Eduardo Rózsa. Pedirá a la Fiscalía General un proceso al fiscal Marcelo Soza por no haber participado del operativo del 16 de abril del 2009.
La defensora interina, Rielma Mencías, explicó que se recurrirá a estas autoridades máximas porque la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía y el fiscal Marcelo Soza no respondieron en el plazo de 10 días a la solicitud de informe sobre las denuncias de Tádic.
“Lo que corresponde es acudir ante la autoridad superior, en estos casos al Fiscal General (Mario Uribe) y al comandante general de la Policía (Víctor Escóbar)”, explicó Mencías.
El informe el Defensor del Pueblo recomienda a la Policía realizar acciones administrativas contra los policías que hicieron el operativo en el hotel Las Américas. También se exige al Ministerio Público un proceso contra el fiscal Soza por no haber participado en ese operativo.
Mencías señaló que en el caso del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, lo que hace el Defensor del Pueblo es recordar su deber de preservar los derechos y garantías constitucionales. “No tiene algo que deba hacer, en cambio la Policía y la Fiscalía sí”, señaló.
LOS INDICIOS APUNTAN A QUE BRANKO MARINKOVIC SERÍA PARTE DEL “CONSEJO SUPREMO”
Fiscal citará al hermano del prefecto Costas por caso Rózsa
La Fiscalía está tras los pasos del empresario Branko Marinkovic, implicado en el caso de terrorismo.
El fiscal Marcelo Soza anunció ayer que citará a declarar a Humberto Costas Aguilera, hermano del prefecto cruceño, Rubén Costas, para que responda a un cuestionario por su presunta vinculación con la banda terrorista encabezada por Eduardo Rózsa Flores.
El Ministerio Público emitirá la citación porque se encontraron indicios en contra de “Beto” Costas, quien figura en la libreta de Rózsa Flores, documento que le fue secuestrado en el cuarto que ocupaba en el hotel Las Américas de Santa Cruz, el 16 de abril.
Soza dijo también que existen indicios de que el Prefecto de Santa Cruz formó parte del “Consejo Supremo” de la milicia liderada por Rózsa Flores, quien fue acribillado junto con dos extranjeros en el mencionado hotel de la capital oriental.
Respecto del hermano del Prefecto cruceño, el fiscal Soza afirmó: “Estaría involucrado en este hecho y está registrado en uno de los teléfonos celulares como hermano 1”.
Las investigaciones policiales establecieron que el mercenario boliviano-croata entabló contacto con una extensa red de políticos y empresarios en Santa Cruz.
La mayoría de los acusados aseguraron que conocieron a Rózsa Flores sin saber que formaba parte de una banda armada.
Los extractos que la Fiscalía obtuvo de las empresas telefónicas Viva y Entel corresponden a Humberto Costas Aguilera, además de otros a los que hace seguimiento el Ministerio Público.
También evidenció que cinco números de teléfonos corresponden a Alejandro Melgar Pereira y a Hugo Achá.
“Toda persona sospechosa debe venir y aclarar su situación jurídica. Y se va a citar a todos aquellos que estén involucrados. Tienen que comparecer ante la justicia y esclarecer estos hechos (secesión)”, descubiertos tras la aparición de Rózsa Flores.
Marcelo Soza puntualizó que sus sospechas se basan en los indicios hallados en el lugar donde la banda fue acribillada y detenida. “Estos elementos no los he puesto yo”.
Ana María Lía, responsable de comunicación de la Prefectura cruceña, en respuesta al anunció hecho por el fiscal Soza, manifestó que “no era prudente molestar al hermano del prefecto Costas” mientras no haya una citación formal en contra de aquél. Pero la citación no tendría efecto por el conflicto de jurisdicción planteado por los distritos de La Paz y Santa Cruz, que desconoce la competencia del fiscal paceño.
Piden por Marinkovic
El Ministerio Público también emitió el último mandamiento de aprehensión en contra del ex presidente del Comité pro Santa Cruz y empresario agropecuario Branko Marinkovic, por no haberse presentado a declarar en la sede del Gobierno el 5 de septiembre. El fiscal Soza calificó la inasistencia como “un acto de desacato a la ley”. Marinkovic aseguró que no hay condiciones para un debido proceso en la ciudad de La Paz.
“Existen varios mandamientos de aprehensión contra el señor Juan Carlos Velarde, Branko Marinkovic, Luis Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Achá y otras personas”.
“Branko Marinkovic se suma a la lista de personas con mandamiento porque existen indicios de probable responsabilidad en el hecho y el delito es grave. En este caso supera los dos años de detención si se prueba su participación en el hecho”.
La Policía Nacional, que ya tiene conocimiento de la orden, debe hacer efectiva la aprehensión de Marinkovic y de otros acusados.
“Suponemos que Branko Marinkovic está en Santa Cruz y estamos esperando el informe de la Policía”.
El ex líder cívico cruceño aseguró a los medios de comunicación en Santa Cruz que es inocente y que dicho proceso forma parte de una ofensiva política del Órgano Ejecutivo.
En esta semana, el Ministerio Público también emitió órdenes de detención en contra de David Sejas y Alfredo Saucedo, quienes se encuentran refugiados en instalaciones del Comité pro Santa Cruz.
De acuerdo con el Ministerio Público, todos los citados deben prestar su declaración informativa sobre su supuesto vínculo con la célula terrorista de Eduardo Rózsa Flores, que fue desarticulado por un operativo de la Policía en abril. En dicha acción murieron por disparos de armas de fuego el mismo Rózsa, Árpád Magyarosi y Martin Dwyer.
El Ministerio Público tramita la declaración en rebeldía de los acusados que huyeron del país para anotar preventivamente sus bienes.
Un segundo informe de la UIF establecerá montos
El Ministerio Público está a la espera de un segundo informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para establecer los montos que aportaron cada uno de los sospechosos involucrados en el caso de la banda terrorista encabezada por Eduardo Rózsa Flores.
La UIF encontró indicios de que cinco personas financiaron las actividades de la milicia armada de Rózsa Flores.
El fiscal Marcelo Soza hizo la solicitud para que se investigue el movimiento bancario de 26 personas. Sólo una de ellas, Carlos Alberto Guillén, presentó su descargos.
El 11 de mayo, Soza, quien investiga el caso terrorismo, presentó el requerimiento para que la UIF confirme o descarte la existencia de financiamiento interno o externo para las actividades del grupo de Rózsa Flores. De los seis implicados en el caso, cinco se autoexiliaron como consecuencia del operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
“Aún no tenemos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras con relación a varias personas, el cual hemos solicitado. Pero tenemos un primer informe que nos da varios parámetros; sin embargo, necesitamos un segundo reporte para ofrecer, con responsabilidad, los montos de dinero que se han manejado”. El fiscal espera que la UIF establezca en su segundo informe los montos para tener un indicio más en contra de los sospechosos que han sido citados para comparecer ante su autoridad y avanzar con las investigaciones.
Caso terrorismo
El 16 de abril, un comando de la Policía atrapó a la banda encabezada por Eduardo Rózsa.
El grupo armado se había organizado para perpetrar atentados y “defender” Santa Cruz.
Los delincuentes tenían entre sus planes asesinar al presidente Evo Morales.
El gobierno boliviano intervino una hacienda de la familia de un poderoso empresario de origen croata y que fue un tenaz conspirador contra el presidente Evo Morales.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo en rueda de prensa que las tierras de la hacienda de la familia del empresario Branko Marinkovic serán devueltas a sus propietarios originales, el pueblo indígena guarayo.
Marinkovic, dueño de una de las mayores empresas aceiteras, fue hasta el año pasado líder cívico de la región oriental de Santa Cruz y como tal encabezó duras protestas en contra del gobierno. Las autoridades lo acusaron de impulsar la separación de esa rica provincia
Almaraz presidió la intervención a la hacienda acompañado por una veintena de policías en una región del oriente boliviano el miércoles, después que el Tribunal Agrario Nacional (TAN) rechazara un recurso interpuesto por los afectados para impedir la reversión.
Nadie de la familia afectada contestó a las llamadas de la AP, sin embargo, el abogado de la familia Víctor Hugo Peralta declaró a la televisora PAT que sus clientes "no han sido notificados" hasta el momento.
"Y nos llama poderosamente la atención que el día lunes aparezca el viceministro Almaraz movilizando gente y dirigiéndose a la propiedad Yasminka para dejar un aviso, del cual no tenemos conocimiento", mencionó. Añadió que de confirmarse la orden de desalojo "resulta prácticamente imposible dar cumplimiento a la resolución" ya que la propiedad se encuentra inundada.
Almaraz aseguró que la familia Marinkovic se adjudicó la propiedad de 12.500 hectáreas de manera fraudulenta.
Durante la intervención los funcionarios encontraron a tres familias que estaban a cargo de la hacienda las mismas que pasarán a convertirse en propietarios colectivos. Los cuidadores del predio no pusieron resistencia.
La hacienda tiene cien hectáreas sembradas y un centenar de vacunos, según funcionarios del INRA, el resto estaba sin sembrar. Almaraz dijo que los propietarios tienen tres días para desocupar el predio de manera voluntaria.
Otra hacienda de 14,000 hectáreas en la zona y que también pertenece a la familia Marinkovic podría correr la misma suerte. Distante a 580 kilómetros al este de La Paz, la hacienda Yasminka de propiedad de la hermana de la Marinkovic fue revertida por el gobierno en septiembre de 2007 que alegó fraude en los trámites, pero los afectados habían apelado al TAN.
En marzo pasado el INRA también revirtió cinco haciendas por poco más de 36.000 hectáreas en el Chaco boliviano a 620 kilómetros al sureste de La Paz, al haber encontrado peones y sus familias en condiciones de servidumbre, es decir no asalariada, causal de reversión, según una norma aprobada por Morales. Sin embargo, la reversión aún no se hizo efectiva debido a que los afectados apelaron la decisión al TAN.
El tema de la tierra es uno de los ejes centrales del programa político de Morales.
18 de diciembre de 2009 Bolivia: Gobierno quita posesión de tierras a banquero y dueño de canal
El Gobierno boliviano tomó posesión hoy de unas 3.000 hectáreas de tierras, de propiedad de un rico banquero y dueño del canal de televisión Unitel, el principal medio opositor, siendo éste el segundo caso en menos de una semana, según informó una fuente oficial.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que "se revirtieron" dos propiedades del empresario Osvaldo Monasterio Nieme, dueño del Banco Ganadero y principal accionista de la televisora Unitel, porque sus trámites para adjudicarse la pertenencia "fueron fraudulentos".
"Entre ambos predios la superficie revertida es algo menos de 3.000 hectáreas", afirmó el viceministro Almaraz, quien anunció que se abrirá un proceso ante el Tribunal Agrario de Bolivia para "la recuperación de todas las tierras" y para "su distribución en favor de comunidades indígenas sin tierra".
Las dos propiedades, una de 2.500 hectáreas y otra de 500, se hallan en el rico departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, cerca del fabuloso reservorio de hierro Mutún, en la frontera boliviano-brasileña.
Hace una semana el Tribunal Agrario expropió legalmente 12.500 hectáreas de tierras en manos de familiares del líder opositor de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y el Gobierno procedió a su inmediata redistribución a aborígenes pobres del lugar.
En el caso de Marinkovic, el poder Ejecutivo argumentó que los territorios agrícolas forman parte de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), de los indios guarayos de Santa Cruz, la que goza de la protección del Estado boliviano.
Empresarios y líderes civiles de Santa Cruz, feudo opositor y la región más próspera de Bolivia, anunciaron que tomarán acciones para frenar -según ellos- las tomas de tierras, aunque no dijeron cuáles. La Paz, AFP Diario La Razon, Bolivia
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Gobierno revela que quita tierras para restar poder a opositores 21 de Diciembre de 2009 a las 10:43 por Zoe El viceministro de Tierras, Almaraz, vinculó la propiedad de latifundios a la concentración del poder político y construcción de oligarquías. El diputado del MAS Gustavo Torrico, acotó que la reversión de tierra es un ‘ajuste de cuentas con los oligarcas’.
Ref. Fotografia: INTERVENCIÓN • A la derecha, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, cuando acudió a la hacienda Yasminka para revertirla a pobladores guarayos. El Día El viceministro de tierras, Alejandro Almaraz, reveló ayer que las reversiones del tierras que realiza el gobierno del MAS en las últimas semanas golpea a lo que considera “poder político”. En una entrevista concedida al oficialista Canal 7, sobre las recientes intervenciones en propiedades de las familias cruceñas Marinkovic y Monasterio, la autoridad nacional señaló que “la concentración improductiva, latifundaria de la tierra, deriva también en concentración del poder político. En nuestro país esto ya fue una realidad hasta antes de la reforma agraria de 1953. Es la manera en cómo se constituyen y actúan las oligarquías que concentran riqueza y sobre ella concentran poder político”, dijo. Al respecto, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Guido Náyar calificó el criterio de Almaraz como “una histeria producto del consumo de coca” y de “una barbaridad que un viceministro de tierras no sepa que aquí (en Santa Cruz) se produce el 75 por ciento de los productos que come el país”. Para Náyar, el segundo líder de la institución cívica que mañana reunirá a las instituciones cruceñas con el fin de adoptar una posición regional en el tema tierras, entre otros, “Almaraz y una parte del Gobierno, los comunistas radicales, fomentan la intención de generar una supuesta lucha de clases y una estrategia fascista de culpar a Santa Cruz de todos los males del país. Si la gente tiene tierras en el oriente es porque la trabaja. En el occidente hay minas y la gente trabaja en las minas, así funciona esto”, dijo. Asimismo, Náyar calificó de “tontera” relacionar la propiedad de la tierra con el poder político porque el poder político y económico lo han tenido siempre los paceños con las minas. Este departamento (Santa Cruz) si algo ha tenido ha sido el olvido del Estado”. Para enfatizar la figura de enfrentamiento al oriente boliviano, ayer también el diputado del MAS Gustavo Torrico señaló que la reversión de tierra significa “un ajuste de cuentas con oligarcas” -denominativo generalizado en los últimos años para nombrar a la ciudadanía autonomista cruceña-. Igualmente, anunció “más reversiones”. “Para el MAS un nuevo Estado está naciendo, por lo tanto se trata de ajustar cuentas con quienes concentraron el poder de las tierras, de los medios de comunicación y lo hicieron de manera irregular”, declaró el diputado Torrico a Erbol. Almaraz reconoció la reversión como “un procedimiento mucho más ágil que una acción de nulidad ante el Tribunal Agrario Nacional, llamada a resolver el grave problema social boliviano de la falta de acceso a tierras de muchísima gente”. El viceministro desvirtuó que el Gobierno destruya el aparato productivo cruceño. Son políticos de oposición y “no voceros del empresariado agropecuario, Confeagro o la CAO, los que reclaman. “Esa no es una posición gremial agropecuaria cuya reacción fue mesurada y responsable porque ha dicho que se va a informar y luego va a adoptar una posición”, calificó. Almaraz demandó pruebas tangibles del aparato productivo destruido. Finalmente, señaló que es falso que el gobierno sea “cómplice o complaciente” con las tierras en que se cultiva coca. “El cultivo de coca no es causal de reversión porque ésta está relacionada con propiedades medianas y de empresa, no con predios pequeños ni con asentamientos ilegales”, dijo. Instituciones cruceñas definen su posición sobre reversiones MAURICIO ROCA Presidente de la CAO El directorio de la CAO tendrá una reunión hoy para definir una posición del sector productivo en torno a las reversiones de la propiedad de tierras. Tengo que escuchar cuál es la opinión de los subsectores, a partir de ahí podremos informar el planteamiento institucional que llevaremos al encuentro. ÓSCAR URENDA Pdte de la Brigada Parlamentaria cruceña Lo único que queremos es que todos respeten la ley, tanto los productores, como el gobierno. No vamos a defender la ilegalidad, ni tampoco a permitir abusos. No hay acciones definidas desde la Brigada, saldrán de la asamblea del martes como una decisión conjunta que asumiremos como departamento. GUIDO NÁYAR Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz El Comité tiene un anteproyecto de ley centrado en las bases de la autonomía. El tema agrario debería tener competencia departamental, preservar los recursos naturales, priorizar el otorgamiento de tierras fiscales a quienes son de aquí. Además, respeto del derecho a la propiedad privada. Datos El evento • El Encuentro por Santa Cruz será mañana, a las 9.00 en el Comité Cívico. Temas • El Comité pro Santa Cruz elaboró el contenido: democracia, autonomía, modelo de desarrollo cruceño (reversión de tierras); medio ambiente y derechos humanos. Modalidad y asistencia • Cada tema tendrá una ponencia. La participación institucional es un objetivo y el ingreso libre
Otro Nuevo Enero 7, 2010-01-07
Sociedad
Revierten tierras de ex prefecto del Beni
El director nacional de Distribución de Tierras, Cliver Rocha, informó ayer que el Gobierno recuperó cerca de 60 mil hectáreas de tierras que el ex prefecto de Beni y senador por el MNR, Fernando Romero, intentó adquirir en el municipio de San Javier, en la provincia Cercado. “Hace un año y medio hemos denunciado que hemos develad la intención de consolidar lo que se denomina un fraude agrario de acumulación de tierras de parte del señor Romero, ex prefecto de Beni; se estaba apoderando de cerca a 80 mil hectáreas, con un solo título legítimo que establecía la propiedad sólo de nueve mil hectáreas”, dijo la autoridad a La Razón. Luego de presentar la denuncia sobre la supuesta apropiación ilegítima de tierras, el Gobierno inició acciones penales a Romero y su familia para recuperar esos predios. “Después de un año y medio hemos logrado anular ese proceso ilegal de adquisición; ahora, cerca de 60 mil hectáreas van a volver al Estado”, agregó ayer Rocha. La autoridad informó que estas tierras serán distribuidas entre pobladores indígenas que no tienen tierra o si la poseen resultan insuficientes para trabajarlas. “Vamos a recuperar un total de 120 mil hectáreas de tierra en la provincia Cercado, tanto de los brasileños y los menonitas y del señor Romero”, agregó Rocha. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, anunció que las reversiones de tierras continuarán en el país y lo más probable es que sean propiedades de “personas conocidas”.
Video:
ComunicaBolivia — August 28, 2008 — Bolivia: 187 mil hectáreas de tierras estaban a punto de ser tituladas de forma ilegal en el Beni.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, denunció este martes que al menos 187 mil hectáreas intentaron ser tituladas de manera ilegal en el Beni, a través de una expropiación con documentos falsificados, uno de los casos más recientes ocurrió en complicidad con la actual administración de la oficina regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del Beni.
"Estamos debelando la constatación de fraudes grandes y espectaculares que más o menos involucran a 187 mil hectáreas de apropiación ilegal y delictiva en el departamento del Beni", dijo Almaraz.
La autoridad señaló que el caso más grande de este tipo de fraude abarca aproximadamente 80 mil hectáreas, de cuya acción ilícita sería el ex prefecto del Beni y actual senador suplente del (Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Romero Pantoja, y su familia.
"Este señor y su familia con nueve mil hectáreas en papel intentan apropiarse de casi 80 mil, específicamente de 74 mil hectáreas, hay varios hechos irregulares en este caso, como falsificación, alteración y clonación de documentos", aseguró.
El segundo caso denunciado involucra a empresarios brasileños que fueron ayudados por ex funcionarios del INRA. Los extranjeros con papeles y expedientes falsos intentaron apropiarse de 27 mil hectáreas, entre ellos están involucrados el empresario Vladimir Martins y la familia Justiniano.
Almaraz indicó que el tercer caso se dio en la actual dirección del INRA en Beni que involucra 80 mil hectáreas de tierras, de las cuales 30 mil se intentaron legalizar a favor de los menonitas que están asentados de manera ilegal en el departamento.
"En este caso también se intentó apropiarse de tierras a través de procedimientos irregulares, en el INRA Beni se firmó un convenio a espaldas de la Dirección Nacional del INRA y; además, se detectó la contratación de personal sin cumplir procedimientos legales", sostuvo.
Frente a estos hechos irregulares, Almaraz aseguró que ahora están impulsando acciones penales en contra de todos los responsables y que continuarán con el desmantelamiento de más actos de corrupción, porque sólo están en el inicio de ese camino.
Gary Prado y Monasterio declaran hoy Fiscalía. Prado y Monasterio fueron trasladados a La Paz y deben declarar hoy http://www.la-razon.com/versiones/20100406_007054/nota_247_983844.htm
Edición Digital - Martes , Abril 6 de 2010
Miguel A. Melendres - La Paz La Policía aprehendió ayer a tres líderes cruceños por el caso terrorismo y provocó la inmediata movilización de diferentes sectores para evitar que los trasladen a La Paz. La movilización no logró su objetivo y se anunció una estrategia de defensa cruceña. Gary Prado, hijo de un ex general y ex candidato a la Alcaldía cruceña; Antonio Monasterio, secretario de cámara de la Corte Departamental Electoral; y Juan Carlos Santiesteban, líder de Falange Socialista Boliviana (FSB), fueron detenidos la mañana de ayer. Los aprehendidos, por orden del fiscal Marcelo Soza, fueron trasladados hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se concentraron decenas de personas con la intención de evitar que los detenidos sean trasladados a declarar a la sede de gobierno. La Policía burló el cerco y sacó por una puerta alterna a la principal a Prado y Monasterio, mientras que Santiesteban permaneció en las dependencias policiales a la espera de una certificación médica sobre su estado de salud. Por la noche fue puesto en libertad. Cuando los manifestantes se dieron por informados que dos de los tres detenidos fueron trasladados a La Paz, intentaron ingresar a las dependencias policiales y fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Periodistas que cubrieron el hecho fueron agredidos. Soza habría emitido ocho órdenes de apremio, pero se ejecutaron sólo tres, ante la reacción de organizaciones y líderes cruceños. Prado y Monasterio fueron trasladados por tierra hasta Chimoré y, desde ahí, vía aérea, a La Paz para que declaren sobre sus vínculos con el grupo de terroristas liderado por el abatido Eduardo Rózsa. REPERCUSIÓN. El Comité Cívico cruceño emitió un comunicado en el que asegura que el operativo de aprehensión violó los derechos de los ciudadanos y rompió el Estado de Derecho. “Se pondrá en marcha una estrategia de defensa ciudadana, a fin de expresar nuestro repudio a las acciones criminales del fiscal Soza y algunos policías”, añade el documento de los cívicos. La senadora de oposición Centa Reck anunció que, junto a su colega Germán Antelo, pedirán a la Fiscalía General una interpelación a los fiscales de este caso e informó que, desde la Asamblea Legislativa, “trabajaremos en una denuncia para ir a los organismos internacionales”. Tras las elecciones municipales y de gobernadores, Soza reactivó la investigación y explicó que se emitió las órdenes de apremio porque los convocados no acudieron a declarar, pese a que existe indicios sobre sus vínculos con el grupo de Rózsa, abatido en el operativo del 16 de abril del 2009. El jefe del MNR, Williams Paniagua, aseguró que la detención tiene móvil político, porque “fueron sacados de sus oficinas de forma ilegal y por la fuerza”. Indicó que ha presentado ante la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito un recurso de cesación de detención, que deberá ser resuelto hoy por la justicia. El prefecto cruceño, Roly Aguilera, aseguró que se vulneró el Estado de Derecho con el operativo y detención de los líderes cruceños. “Exigimos como Gobernación que los cruceños, los bolivianos, podamos hacer nuestra justicia, exigimos que la justicia venga a nosotros”, demandó. También se movilizaron líderes cruceños como Rubén Costas y Juan Carlos Urenda. Prado y Monasterio declararán hoy ante Soza, quien pudo o no pedir la detención de los aprehendidos. Piden declarar en Santa Cruz El prefecto de Santa Cruz, Roly Aguilera, dijo que las autoridades cruceñas no iban a socapar a nadie que haya sobrepasado la ley. “Tampoco permitiremos que la ley sea un instrumento para politizar la justicia”, declaró. La autoridad exige que la Fiscalía tome declaraciones a los cruceños en Santa Cruz, aunque una norma legal establece que la jurisdicción sobre terrorismo es la ciudad de La Paz. Usan pista de Umopar para el operativo Una vez que fueron detenidos, Gary Prado y Marco Monasterio, vinculados con el caso terrorismo, fueron trasladados por tierra hasta Chimoré y, desde ahí, vía aérea, a La Paz. La aeronave habría despegado de la pista de la Unidad Móvil de Patrulla Rural (Umopar), se informó. Sin embargo, surgió otra versión de que ambos permanecían en Santa Cruz hasta horas de la noche a la espera del último vuelo de AeroSur. Prado y Monasterio fueron detenidos la mañana de ayer en esa ciudad y trasladados a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde protestó gente afín a los detenidos. La Policía burló a los manifestantes y sacó a los detenidos por una puerta alterna a la principal. Otro de los aprehendidos, Juan Carlos Santiesteban, permaneció en dependencias policiales por su delicado estado de salud, según se conoció. La Policía cruceña tenía mandamientos de apremio contra ocho personas, incluido el juez Luis Tapia Pachi, quien demandó la jurisdicción del proceso. La movilización que desató las tres primeras detenciones habría impedido cumplir el resto de las órdenes de apremio.
Soza extiende pesquisa del caso Rózsa a Beni y Pando Avance. La Fiscalía dice que sólo faltan algunos detalles por cerrar
• Policía. En este hotel se ejecutó el 16 de abril del 2009 el operativo. http://www.la-razon.com/versiones/20100415_007063/nota_247_988919.htm
LA RAZÓN - LA PAZ Edición Digital - Jueves , Abril 15 de 2010
La investigación del caso terrorismo se extenderá a Beni y Pando, porque se tiene información de que el grupo del abatido Eduardo Rózsa operó en estas regiones, informó el fiscal Marcelo Soza. También se identificó a algunos de los que lo contrataron, dijo.
A un día de cumplirse un año del operativo del 16 de abril, donde se desarticuló al grupo irregular, Soza hizo una evaluación y aseguró que existe un avance de hasta 97 por ciento en la pesquisa para identificar la estructura y a los financiadores de la organización.
En esta última etapa se focalizará el trabajo a la búsqueda de posibles nexos y acciones de Rózsa en Beni y Pando, y al desciframiento de información contenida en dos correos electrónicos del líder del grupo irregular que podría, dijo, aportar a la investigación.
“Tenemos datos de que este grupo no sólo se movía en Santa Cruz, sino también en Beni. Hay personas que están siendo convocadas como parte de la investigación. Se convocará a estas personas, porque tenemos datos de que el grupo Rózsa estaba trabajando con el tema de fragmentación territorial (en Beni)”, informó.
Soza reveló que existen algunos indicios que llevarán a investigar los nexos del grupo en Beni. “Eso vamos a analizar; esa ya es la parte final de la investigación”, explicó en una breve evaluación de los avances de la pesquisa, que lidera desde hace un año.
operativo. En el curso de la pesquisa se reveló que el alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, habría sido contactado por Rózsa.
Un grupo de elite de la Policía intervino la madrugada del 16 de abril el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde estaban alojados los miembros de la organización irregular. Murió Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que fueron capturados Elöt Tóásó y Mario Tadic.
Soza aseguró que se tiene identificado a parte de las personas que contactaron y contrataron al grupo irregular, aunque evitó dar mayores detalles por “seguridad de la investigación”.
No obstante, afirmó que la investigación demostró que existió una estrategia para generar violencia y división de Bolivia.
Ignacio Villa Vargas, El Viejo, fue el testigo clave de la Fiscalía, pero huyó después de involucrar a los líderes políticos y empresariales cruceños con Rózsa.
En los últimos días, la Fiscalía aseguró que la logia Los Caballeros del Oriente, de la que serían parte el gobernador electo Rubén Costas, el empresario Mauricio Roca, Branko Marinkovic, Guido Nayar, entre otros, financió la actividad del movimiento irregular.
Soza anunció que en un mes se presentará la imputación contra al menos 20 personas acusadas, aunque no se descarta que el número de imputados suba en función al trabajo que resta realizar en los siguientes 30 días.
La autoridad reiteró que la muerte de tres de los terroristas fue producto de un enfrentamiento, aunque informes forenses de expertos húngaros aseguraban que fueron victimados.
Hasta el momento están detenidos, además de Tóásó y Tadic, Gelafio Santiesteban, Juan Carlos Gueder, Alcides Mendoza, Svonko Matkovic y el ex gerente de Cotas Hugo Vásquez. La justicia determinó detención domiciliaria para Gary Prado y Marco Monasterio, de la Corte Electoral cruceña.
El vicepresidente Álvaro García aseguró que la investigación establecerá responsabilidades. “Era un secreto a voces en la elite empresarial que había dinero y que había que entregarlo para dividir Bolivia”, sostuvo.
Policía investigará a logias
El comandante de la Policía, coronel Óscar Nina, informó que la institución del orden investigará a las logias Los Caballeros del Oriente y Toborochi, vinculadas con la investigación sobre el terrorismo.
“Se investigará a las logias, a las organizaciones criminales, a las bandas delincuenciales, es decir a todas aquellas organizaciones que pretendan alterar el normal desarrollo de nuestro país”, anunció.
El secretario de Cámara de la Corte Electoral de Santa Cruz, Marco Monasterio, reveló a la Fiscalía que Los Caballeros del Oriente se componen de más de 300 miembros, entre los que destacan el gobernador electo Rubén Costas, el dirigente empresarial Mauricio Roca, el prefecto Roly Aguilera, entre otros.
Costas desafió a la Policía a investigar a estas supuestas organizaciones. “Es un tema irrelevante el de las logias y ahora nos ocupamos de ello. El Comandante de la Policía, ¿por qué no investiga?”, preguntó.
La logia Los Caballeros del Oriente habría financiado las actividades del grupo irregular liderado por el abatido Eduardo Rózsa.
“Las personas sospechosas de querer atentar contra la seguridad nacional, la unidad del país y el desarrollo nacional, obviamente van a ser investigadas”, insistió la autoridad.
Soza explicó que las logias operan en la clandestinidad. “Es ilegal esa agrupación, porque no está inscrita en los registros estatales y, por consiguiente, se considera una entidad eminentemente ilegal”, consideró el fiscal.
El prefecto Aguilera aseguró que no se trata de logias sino de fraternidades que existen en la capital oriental.
Según explicara Monasterio, Los Caballeros del Oriente controlarían instancias como Cotas, Cainco, Fexpocruz, Colegio Médico, Colegio de Abogados, CAO, Cadex, Federación de Profesionales y la Federación de Empresarios Privados.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, propuso el martes en el Senado formar una instancia que se dedique a investigar a las logias.
La Fiscalía mostró armas, municiones y panfletos incautados en varios allanamientos en la ciudad de Santa Cruz.
El Diario Bolivia, 13 de abril de 2010 Sociedad:
Fiscalía acusa a “Caballeros del Oriente”y “Toborochis” de financiar a Rózsa
Ministerio Público proseguirá con el caso y convocará nuevamente a todas aquellas personas que han presentado sus declaraciones para continuar las investigaciones. La Fiscalía de Distrito de La Paz acusó ayer a las logias cruceñas denominadas “Caballeros del Oriente” y “Toborochis” de financiar el grupo irregular liderado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
El fiscal Marcelo Soza, asignado a este caso, dijo haber confirmado la hipótesis que manejaba el Ministerio Público referente a las investigaciones sobre el caso de supuesto terrorismo y alzamiento armado en Santa Cruz de la Sierra.
“Tenemos el dato preciso de que las logias los Caballeros del Oriente y Toborochis, crearon una unidad a cargo de Alejandro Melgar que respondía al presidente de estas logias sobre contactos con la célula de Rózsa. Sabemos que personas de esta logia, Los Caballeros del Oriente, eran los principales financiadores”, dijo.
“No puedo dar mayores detalles, pero estamos investigando este tema razón por la cual vemos la oposición que ha existido siempre con el señor Rubén Costas y con muchas personas en tratar de evitar esta investigación”, manifestó el representante del Ministerio Público.
De acuerdo con Soza, se encontró en la casa de las logias algunos CPUs (cerebros de computadoras) con datos, una bandera donde está escrito “Independencia”, además de distintos elementos de prueba que confirmarían una posible vinculación ilícita.
En Santa Cruz, el Fiscal realizó varios allanamientos a domicilios y oficinas de presuntos involucrados en este caso. “Ahora vemos porqué ha existido oposición por parte del señor Rubén Costas y otras personas que tratan de desacreditar esta investigación, teniendo en cuenta que ellos son miembros (de la logia) y algunas otras personas probablemente dentro de los medios de comunicación”, acotó.
Mostrando armas, municiones y panfletos incautados en varios allanamientos en Santa Cruz, Soza dijo que se recabaron elementos precisos para sustentar que la logia Caballeros del Oriente creó una unidad encabezada por el abogado de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Alejandro Melgar, que mantenía contacto directo con el grupo de Rózsa Flores.
“Esta unidad estaba a cargo de Alejandro Melgar con 12 personas miembros de la misma que tenía relación directa con Rozsa, además que las fotografías demuestran que el empresario Branco Marinkovic, junto al electo gobernador Rubén Costas y al ex presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas Ltda.), Ronald Castedo pertenecen a la misma logia”, manifestó el Fiscal.
Precisó que en el allanamiento a la casa del empresario Alfredo Asbún, se encontraron municiones de grueso calibre, documentos, libros, balas máuser, M16, 9 mm, cañones de escopetas, libros sobre autonomía, textos autonómicos, y en la casa de Castedo, revistas, municiones, recibos con aportes a la logia y una bandera que decía “Independencia”, junto a fotografías de él con Marinkovic y el prefecto de Santa Cruz, además de computadoras de la empresa COTAS.
Soza anunció que, ante estos indicios, continuará con las investigaciones y convocará nuevamente a todas aquellas personas que ya han presentado sus declaraciones para que “ahora digan la verdad”.
El Fiscal indicó que se citará mediante edictos a Costas y su hermano, además de otras personas que habrían fugado del país. “Ya estamos preparando las imputaciones contra ellos, lo cual nos va a viabilizar para tomar la determinación sobre una probable declaratoria de rebeldía”, dijo.
