Buscado y Escapado a EE.UU. Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Foto: La Razón-archivo
Tras la decisión del juez James Cohn de la Florida, las demandantes podrán continuar con el proceso que implica exigir un resarcimiento económico. La autoridad estableció que la indemnización recibida en Bolivia por los afectados no impide continuar con el caso
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Un juez federal de Florida, en Estados Unidos, dio luz verde a la
demanda presentada por familiares de víctimas fallecidas durante la
denominada Guerra del Gas, por presuntas violaciones a los derechos
humanos, contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el
exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
El juez
James Cohn dictaminó el martes que, de acuerdo con la Ley de Protección
a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar
con el litigio contra las dos exautoridades, quienes huyeron hacia el
país del norte después de los hechos de violencia de septiembre y
octubre de 2003.
Sánchez
de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la
planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales,
entre septiembre y octubre de 2003, en un esfuerzo para reprimir las
protestas por sus controvertidas políticas económicas. La decisión del
juez implica que los demandantes podrían buscar una compensación
económica por parte de los acusados.
Cohn estableció que las víctimas tenían un argumento sólido y que los
abogados de las víctimas presentaron pruebas suficientes de que los
"homicidios fueron deliberados " y no el resultado del caos de la
guerra, según el blog, Miami New Times.
Citó también la historia de Marlene, una niña de 8 anos, quien fue
asesinada lejos de cualquier enfrentamiento entre manifestantes y
fuerzas del Gobierno. Su familia dice que a los tiradores se les dio
permiso para disparar a cualquier movimiento y que Marlene simplemente
estaba mirando por la ventana cuando le dispararon fatalmente. El hecho
ocurrió el 20 de septiembre de 2003, durante operaciones militares en
Warisata.
Un comunicado
de prensa de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de
Harvad informó que el juez Cohn encontró que los demandantes habían
alegado suficientemente que incluso antes de asumir el cargo, los
acusados planeaban utilizar la fuerza letal para reprimir disturbios
políticos. Y que los familiares de los demandantes perdieron la vida
como resultado de ese plan y que los acusados fallaron en impedir los
homicidios cometidos por las fuerzas armadas bajo su mando.
Cohn rechazó la moción de los demandados para desestimar en parte la
demanda, pues sostuvo que los demandantes podrían hacer valer su caso
bajo la Ley de Protección de Victimas de la Tortura ( TVPA ).
El juez mencionó, "en respuesta a los argumentos de los demandados de
que los pagos humanitarios realizados a los demandantes por el gobierno
boliviano impidieron reclamaciones contra ellos”, que "sería absurdo
concluir que los demandados podían evitar la responsabilidad por sus
presuntos errores simplemente porque el gobierno boliviano tuvo a bien
hacer algún tipo de asistencia humanitaria a los demandantes", señala el
comunicado.
Cohn
también desestimó los reclamos de los demandados que señalaron que las
víctimas podrían buscar justicia en Bolivia y señaló que: "a menos que
los acusados sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra
natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir
sus presuntas violaciones de derechos humanos. Más bien, como están las
cosas, los Estados Unidos parece ser el único foro en el que los
demandantes pueden tratar de mantener los acusados responsables por
sus presuntos agravios", informo Miami New Times.
El caso recibe la ayuda de los abogados de la Clínica Internacional de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, del Centro para
los Derechos Constitucionales y un equipo (pro bono) profesional de Akin
Gump.
El 24 de junio de
2013, familiares de los fallecidos en la masacre de 2003 en
Bolivia presentaron la demanda enmendada en el tribunal de distrito
federal en la Florida con extensas nuevas alegaciones de hecho que
demuestran que los acusados habían ideado un plan para matar a miles
de civiles con meses de antelación de la violencia, prevé la página del
Centro para los Derechos Constitucionales.
Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de
ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y por
negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. De
ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra
civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las
políticas gubernamentales.
En total, durante esos dos meses las fuerzas bajo su liderazgo murieron
67 hombres, mujeres y niños e hirieron a más de 400. Entre los
demandantes están Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, padres
de Marlene, de 8 años de edad, quien fue asesinada en la habitación de
su madre cuando un solo tiro fue disparado por la ventana; Teófilo
Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada después de que una
bala atravesó la pared de una casa, matándola a ella y a su hijo por
nacer; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años de edad, fue
asesinado a tiros en una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre
fue asesinado a tiros.
