Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez BerzaínFoto: Afp Agencia
Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia boliviana y ahora promotor del NO en el referendo del 21 de febrero, fue identificado por el periodista Wilson García como abogado defensor de narcotraficantes, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.
En un artículo publicado por García en el periódico Juguete Rabioso, se revela que “durante la década de los ochenta el bufete Sánchez Berzaín & Asociados ganó fama y prestigio en los ámbitos litigantes de Santa Cruz y Cochabamba por su eficacia especialmente en pleitos por narcotráfico. El abogado se movía hábilmente en ese terreno, sacando provecho a sus amistades con autoridades antinarcóticos del régimen de García Meza y Arce Gómez”.
El periodista agregó que “Sánchez Berzaín comenzó a ganar terreno desde su bufete de la calle Ecuador, en Cochabamba, donde diseñaba las estrategias judiciales de la empresa minera Comsur, protegiendo los intereses de los hermano Sánchez de Lozada”.
El caso Tauro
En el año 1985, bajo el gobierno de Victor Paz Estenssoro, la policía antidroga boliviana, pero bajo el mando de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por su sigla en inglés), capturó un avión del tipo Tauro cargado con una tonelada y media de cocaína, en el aeropuerto Jorge Wilstermann.
En dicho operativo cayeron once narcotraficantes pertenecientes al clan de Jorge Roca Suárez, alias ‘Techo de Paja’, entre los detenidos se encontraba la hermana del narcotraficante Tita Roca.
La familia Roca Suárez, conocedora de las habilidades y conexiones del bufete Sánchez Berzaín, contrató sus servicios. Se encomendó el trabajo para la defensa de Tita Roca al abogado Jorge Becerra, un expolicía.
Es el primer “narcoescándalo” que se registra en la historia de Bolivia, desde la recuperación de la democracia, pero la causa fue relegada a segundo plano con el caso Huanchaca, que conmovió al país en 1986.
“El caso Tauro mostró la habilidad con que Sánchez Berzaín supo manejar su relación profesional con los narcotraficantes hostigados por la ley. Nunca dio la cara ni puso su firma en ningún memorial de manera directa. Esta actitud que se tornó visionaria a la hora de entrar en el terreno de la política fue clave en su estrategia de amasar fortuna y controlar el aparato judicial sin vulnerar su prestigio personal”, reseña García en su publicación de 2003.
Ademas de connotados narcotraficantes, el bufete Sánchez Berzaín & Asociados contaba entre su lista de clientes a Max Fernández, propietario de la Cervecería Boliviana Nacional, acusado por evasión de impuestos y a los hermanos Arévalo, que protagonizaron la gran estafa financiera e inmobiliaria en el caso Finsa.
José Luis Baptista, juez de partido en Cochabamba, formaba parte de los vínculos del exministro, toda vez que sus fallos siempre salieron favorables para los clientes de dicho bufete.
En dicho operativo cayeron once narcotraficantes pertenecientes al clan de Jorge Roca Suárez, alias ‘Techo de Paja’, entre los detenidos se encontraba la hermana del narcotraficante Tita Roca.
La familia Roca Suárez, conocedora de las habilidades y conexiones del bufete Sánchez Berzaín, contrató sus servicios. Se encomendó el trabajo para la defensa de Tita Roca al abogado Jorge Becerra, un expolicía.
Es el primer “narcoescándalo” que se registra en la historia de Bolivia, desde la recuperación de la democracia, pero la causa fue relegada a segundo plano con el caso Huanchaca, que conmovió al país en 1986.
“El caso Tauro mostró la habilidad con que Sánchez Berzaín supo manejar su relación profesional con los narcotraficantes hostigados por la ley. Nunca dio la cara ni puso su firma en ningún memorial de manera directa. Esta actitud que se tornó visionaria a la hora de entrar en el terreno de la política fue clave en su estrategia de amasar fortuna y controlar el aparato judicial sin vulnerar su prestigio personal”, reseña García en su publicación de 2003.
Ademas de connotados narcotraficantes, el bufete Sánchez Berzaín & Asociados contaba entre su lista de clientes a Max Fernández, propietario de la Cervecería Boliviana Nacional, acusado por evasión de impuestos y a los hermanos Arévalo, que protagonizaron la gran estafa financiera e inmobiliaria en el caso Finsa.
José Luis Baptista, juez de partido en Cochabamba, formaba parte de los vínculos del exministro, toda vez que sus fallos siempre salieron favorables para los clientes de dicho bufete.
“En mayo de 1997, Manfred Reyes Villa, en declaraciones efectuadas al diario La Estrella del Oriente de Santa Cruz, anunció que presentaría pruebas irrefutables sobre las vinculaciones del ya ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín con el narcotráfico y con la propia mafia italiana”, sostuvo el periodista.
Fue el asesor de la dictadura de García Meza
En la publicación realizada por el periódico Juguete Rabioso, del año 2003, se menciona que Carlos Sánchez Berzaín comenzó su carrera política como asesor de la dictadura de Luis García Meza.
“En la dictadura garciamecista, Sánchez Berzaín empujó a otros abogados de su generación como Omar Barrientos y Raúl Condarco a formar un grupo de asesores jurídicos del gobierno militar”, dice el artículo.
“Sus vínculos directos con el régimen, en virtud a recomendaciones efectuadas por el doctor Fanor Vega, su mentor, se establecieron cuando fue invitado a ejercer una asesoría en la municipalidad de Cochabamba, bajo la gestión del alcalde de facto Mario Benavides”, agrega.
Con esos vínculos, el abogado cochabambino fue parte de una invasión urbanística en el Parque Nacional Tunari, donde tuvo una mansión valuada en dos millones de dólares, además que se hizo con una cátedra en institutos de formación castrense y supo blanquear dinero en la construcción.
“En la dictadura garciamecista, Sánchez Berzaín empujó a otros abogados de su generación como Omar Barrientos y Raúl Condarco a formar un grupo de asesores jurídicos del gobierno militar”, dice el artículo.
“Sus vínculos directos con el régimen, en virtud a recomendaciones efectuadas por el doctor Fanor Vega, su mentor, se establecieron cuando fue invitado a ejercer una asesoría en la municipalidad de Cochabamba, bajo la gestión del alcalde de facto Mario Benavides”, agrega.
Con esos vínculos, el abogado cochabambino fue parte de una invasión urbanística en el Parque Nacional Tunari, donde tuvo una mansión valuada en dos millones de dólares, además que se hizo con una cátedra en institutos de formación castrense y supo blanquear dinero en la construcción.
kandire.bo
