Wednesday, May 21, 2014

Gobierno pide a Brasil Tomar con Sensatez Versión Falsa de Soza


Escapado a Brasil  Marcelo Soza: Aceptaba dinero de los acusados del caso Terrorismo


Justicia. Ministra Gutiérrez exige que el exfiscal Soza dé documentos:

La Paz. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, durante una entrevista con este diario. Eduardo Schwartzberg-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:07 / 21 de mayo de 2014

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, solicitó a autoridades de Brasil tomar con responsabilidad y de manera documentada la versión del exfiscal Marcelo Soza, en la que asegura que existieron irregularidades en el proceso del caso Terrorismo.
Soza estuvo a cargo de este caso, referido a la desarticulación de un grupo acusado de separatista, en abril de 2009, durante un operativo policial.  Fugó a Brasil el 11 de marzo de 2014, donde obtuvo un refugio temporal, y  denunció que hubo irregularidades  en este proceso investigativo.
La pasada semana, la agencia ANF dio a conocer el documento de Declaración al Consejo Nacional de Refugiado (Conare-Brasil) presentado por Soza para obtener su refugio, en el que dio detalles de cómo fue preparado el operativo, en el hotel Las Américas, donde tres personas fallecieron. Reiteró que la operación policial fue ilegal porque se realizó sin la presencia de un fiscal.
Efecto. “Él (Soza) con esas versiones está buscando obtener el refugio político y ese es su único objetivo. Esperemos que las autoridades del Brasil realmente tomen con responsabilidad aquellas aseveraciones y sean documentadas y respaldadas para que esto se dé”, sostuvo Gutiérrez durante una entrevista con la red Unitel.
Agregó que el Gobierno espera que las autoridades brasileñas actúen de acuerdo con su normativa, con la ecuanimidad que debe existir en este tipo de casos, todo para que el exfiscal sea devuelto al país, ya que en Bolivia, dijo, no hay persecución política para nadie.
Hace una semana, Soza afirmó que el operativo realizado por el grupo de élite Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) estaba preparado por un equipo del Ministerio de Gobierno de entonces, que estaba alojado en el mismo hotel Las Américas, a la espera de que llegue el grupo irregular. La coordinación del operativo, agregó, estaba a cargo de Luis Clavijo, Raúl García y Carlos Núñez del Prado.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, sugirió a la Fiscalía General del Estado abrir una nueva investigación judicial por las declaraciones de Soza, ya que éstas fueron ulteriores a las pesquisas.
Además, Villena señaló que el exrepresentante del Ministerio Público debería haber denunciado todo lo denunciado desde Brasil en su momento, no ahora que él está en otro país. Esta situación lleva este caso a un escenario complicado, acotó, debido a que actualmente el caso está en la etapa del juicio oral y las declaraciones de Soza generarían un caos.
En esa línea, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, recordó que Soza dirigió la investigación por separatismo durante varios años y después de tiempo dice que no tenía libertad en las pesquisas que realizaba. “Lo mejor sería que (Soza) retorne al país para rendir cuenta de sus actos”, dijo.
El lunes 12, Sergio Céspedes, fiscal que es parte del equipo que lleva adelante el juicio oral del caso Terrorismo, conminó a Soza a dar la cara en el país y abrir un nuevo proceso judicial, por las irregularidades que asegura que existieron durante la investigación.
El fin de semana, el Ministerio de Gobierno sindicó de “delincuente” a Soza y que con sus declaraciones solo intenta engañar al Conare de Brasil para obtener su refugio político. En Santa Cruz, el jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, afirmó que las informaciones de este caso dan cuenta de que lo ocurrido fue un “terrorismo de Estado”, reportó ANF.
Empleado de Marinkovic
Acusación
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de prófugo de la justicia boliviana al exfiscal Marcelo Soza y aseguró que es un empleado de Branko Marinkovic y otros “de la derecha”. La exautoridad emitirá declaraciones sin valor jurídico, añadió.
No descartan indagar a otras personas
Iván Condori
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dejó abierta la posibilidad de abrir una investigación en contra de las personas mencionadas por Marcelo Soza, exfiscal del caso Terrorismo, si bien la misma estará en función a una valoración objetiva que realice sobre las denuncias.
Soza, que se encuentra con refugio temporal en Brasil, en la semana citó a Raúl García, Luis Clavijo y al fallecido Carlos Núñez del Prado como los supuestos coordinadores de la intervención al hotel Las Américas, donde se desarticuló a un grupo acusado de separatista (2009). También mencionó al gobernador cruceño Rubén Costas, a su hermano Humberto Costas, Alejandro Melgar, Hugo Achá y a Juan Carlos Velarde.
“Soza dirigió esta investigación durante muchos años, pero después dice que él no tenía la libertad en las pesquisas, cuando cada fiscal es director funcional del caso, donde ni el Fiscal General puede incidir directamente, lo mejor sería que vuelva al país para rendir cuentas de sus actos”, dijo Guerrero.
El jefe del Ministerio Público indicó que el exfiscal enfrenta tres procesos en Bolivia, en uno de ellos fue declarado rebelde; en otro tiene imputación y en el tercero está en fase de investigación.
“¿Qué credibilidad puede tener un prófugo de la justicia? Él puede decir cualquier cosa que se le ocurra en función a sus intereses, desde el Ministerio Público tenemos que hacer una valoración objetiva, si el caso amerita se abrirá una investigación correspondiente, eso no se ha cerrado”, declaró.
Guerrero explicó que en el juicio del caso Terrorismo ya no será posible porque el propio procedimiento impide hacer otra investigación dentro de este caso que está en juicio oral y próximo a la valoración de pruebas. Por tanto, procesalmente no se puede, advirtió.

Juez de EEUU Falla a Favor de Víctimas de Octubre Negro del 2003



 Buscado y Escapado a EE.UU. Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Foto: La Razón-archivo

Tras la decisión del juez James Cohn de la Florida, las demandantes podrán continuar con el proceso que implica exigir un resarcimiento económico. La autoridad estableció que la indemnización recibida en Bolivia por los afectados no impide continuar con el caso

La Razón Digital / Brenda Romero Doria Medina / Nueva York
13:32 / 21 de mayo de 2014
Un juez federal de Florida, en Estados Unidos, dio luz verde a la demanda presentada por familiares de víctimas fallecidas durante la denominada Guerra del Gas, por presuntas violaciones a los derechos humanos, contra el expresidente  Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
El juez James Cohn dictaminó el martes que, de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio contra las dos exautoridades, quienes huyeron hacia el país del norte después de los hechos de violencia de septiembre y octubre de 2003.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, entre septiembre y octubre de 2003, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas políticas económicas. La decisión del juez implica que los demandantes podrían buscar una compensación económica por parte de los acusados. 
Cohn estableció que las víctimas tenían un argumento sólido y que los abogados de las víctimas presentaron pruebas suficientes de que los "homicidios fueron deliberados " y no el resultado del caos de la guerra, según el blog, Miami New Times.
Citó también la historia de Marlene, una niña de 8 anos, quien fue asesinada lejos de cualquier enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del Gobierno. Su familia dice que a los tiradores se les dio permiso para disparar a cualquier movimiento y que Marlene simplemente estaba mirando por la ventana cuando le dispararon fatalmente. El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2003, durante operaciones militares en Warisata.
Un comunicado de prensa de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvad informó que el juez Cohn encontró que los demandantes habían alegado suficientemente que incluso antes de asumir el cargo, los acusados planeaban utilizar la fuerza letal para reprimir disturbios políticos. Y que los familiares de los demandantes perdieron la vida como resultado de ese plan y que los acusados ​​fallaron en impedir los homicidios cometidos por las fuerzas armadas bajo su mando.
Cohn rechazó la moción de los demandados para desestimar en parte la demanda, pues sostuvo que los demandantes podrían hacer valer su caso bajo la Ley de Protección de Victimas de la Tortura ( TVPA ).
El juez mencionó, "en respuesta a los argumentos de los demandados de que los pagos humanitarios realizados a los demandantes por el gobierno boliviano impidieron reclamaciones contra ellos”, que "sería absurdo concluir que los demandados podían evitar la responsabilidad por sus presuntos errores simplemente porque el gobierno boliviano tuvo a bien hacer algún tipo de asistencia humanitaria a los demandantes", señala el comunicado.
Cohn también desestimó los reclamos de los demandados que señalaron que las víctimas podrían buscar justicia en Bolivia y señaló que: "a menos que los acusados ​​sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos. Más bien, como están las cosas, los Estados Unidos parece ser el único foro en el que los demandantes pueden tratar de mantener los acusados ​​responsables por sus presuntos agravios", informo Miami New Times.
El caso recibe la ayuda de los abogados de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, del Centro para los Derechos Constitucionales y un equipo (pro bono) profesional de Akin Gump.
El 24 de junio de 2013, familiares de los fallecidos en la masacre de 2003 en Bolivia presentaron la demanda enmendada en el tribunal de distrito federal en la Florida con extensas nuevas alegaciones de hecho que demuestran que los acusados ​​habían ideado un plan para matar a miles de civiles con meses de antelación de la violencia, prevé la página del Centro para los Derechos Constitucionales.
Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y por negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. De ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las políticas gubernamentales.
En total, durante esos dos meses las fuerzas bajo su liderazgo murieron 67 hombres, mujeres y niños e hirieron a más de 400. Entre los demandantes están Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, padres de Marlene, de 8 años de edad, quien fue asesinada en la habitación de su madre cuando un solo tiro fue disparado por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada después de que una bala atravesó la pared de una casa, matándola a ella y a su hijo por nacer; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años de edad, fue asesinado a tiros en una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue asesinado a tiros.